Novedades en transparencia laboral y obligaciones vinculadas a la igualdad retributiva.
20 de noviembre de 2026 · VILAR RIBA
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, publicado en el BOE de 18 de noviembre de 2026. La nueva norma afecta, además de a otras cuestiones puntuales, principalmente a dos grandes ámbitos: por un lado, medidas para incrementar la transparencia y el carácter previsible de las condiciones de trabajo; y, por otro, reforzar los mecanismos del registro y la auditoría retributiva, así como la igualdad salarial entre mujeres y hombres, incorporando la transposición de la Directiva (UE) 2023/970. La nueva norma, con carácter general, entra en vigor el 19 de noviembre de 2026, si bien algunas obligaciones concretas tienen una fecha de aplicación práctica posterior.
A continuación, resumimos las principales cuestiones laborales que deben tenerse en cuenta.
Información sobre transparencia laboral en nuevos contratos
La información escrita sobre las condiciones esenciales, novedad que entró en vigor a partir del 5 de octubre en virtud de la publicación del Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, se extiende a todos los contratos, independientemente de su duración.
Cabe recordar que, inicialmente, la regulación del RD 723/2026 excluía de esta nueva obligación informativa a los contratos laborales de duración inferior a cuatro semanas, aspecto de la normativa que ahora se elimina.
Para los contratos de menos de cuatro semanas de duración vigentes a 19 de noviembre, y en caso de que la persona trabajadora solicite a la empresa la información escrita, esta deberá entregársela en un plazo de diez días hábiles desde la solicitud.
Registros retributivos y auditorías retributivas
El registro retributivo, que ya era obligatorio para todas las empresas, deberá incluir a partir de ahora la información salarial tanto en cómputo anual como por hora de trabajo. En empresas de 100 personas trabajadoras o más, la diferencia retributiva entre mujeres y hombres que exige justificación baja del 25 % al 5 %; en empresas de entre 50 y 99 personas se mantiene el 25 %.
Las auditorías retributivas amplían el diagnóstico con los datos disponibles de los últimos tres años. Las desigualdades injustificadas deberán corregirse en un plazo máximo de seis meses. Las auditorías de los planes de igualdad vigentes deberán adaptarse cuando corresponda revisarlos o finalice su vigencia.
Las acciones (individuales o colectivas) que puedan interponer las personas trabajadoras por discriminación retributiva prescriben a los tres años desde que cesa el trato desfavorable.
Información sobre la brecha retributiva de género
Las empresas de 50 personas o más deberán comunicar a la Comisión de seguimiento de la transparencia retributiva (nuevo órgano creado a estos efectos) la información establecida en la norma en relación con la existencia de brecha de género en las retribuciones.
Esta información deberá facilitarse con la siguiente periodicidad:
- Cada año, en empresas a partir de 250 personas.
- Cada tres años, en empresas de entre 50 y 249 personas.
La primera comunicación deberá realizarse antes del 8 de junio de 2027 en empresas a partir de 150 personas, y antes del 8 de junio de 2031 en empresas de entre 50 y 149 personas.
Es obligatoria la consulta previa con la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT), que también deberá tener acceso a las metodologías utilizadas para elaborar esta información.
Solicitudes de información salarial y de empleo estable
Las empresas deben poner a disposición de las personas trabajadoras y de la RLPT los criterios de fijación de las retribuciones por niveles, puestos de trabajo y categorías, incluidas las mejoras voluntarias. Si proceden del convenio, deberán identificarse los preceptos concretos. A partir de 50 personas, también será necesario informar de los criterios de progresión salarial cuando esté prevista.
Cada persona trabajadora puede solicitar individualmente información sobre su retribución, así como sobre las medias de los colectivos que realizan trabajos iguales o de igual valor, desglosadas por sexo. Esta solicitud podrá realizarse una vez al año o cuando existan cambios que lo justifiquen. La empresa deberá facilitar la información por escrito, desglosada por conceptos y en cómputo anual y por hora, en un plazo razonable y, como máximo, en dos meses desde la primera solicitud. Las peticiones de aclaración sobre información inexacta o incompleta deberán responderse de forma motivada en quince días. La empresa deberá informar a la plantilla de este derecho y del procedimiento al menos una vez al año. Las cláusulas contractuales que impidan a la persona trabajadora divulgar su propio salario serán nulas.
Por otro lado, se reconoce el derecho de las personas trabajadoras con contratos a tiempo parcial, temporales, fijos discontinuos o con horarios variables a solicitar la conversión a una modalidad contractual más estable o previsible. Cuando una persona presente una solicitud en este sentido, la empresa deberá comunicar las vacantes y responder de forma motivada y por escrito a las peticiones en un plazo de un mes, o de tres meses en empresas de hasta diez personas. Asimismo, de forma proactiva, la empresa deberá informar a las personas trabajadoras y a la RLT de las nuevas vacantes, para que puedan optar a ellas las personas que ya forman parte de la plantilla, siempre que estas puedan suponer una mayor estabilidad o unas condiciones más previsibles.
Modificaciones en el régimen de sanciones (LISOS)
Se incorporan diversas modificaciones a la LISOS, la ley que regula las sanciones que la Inspección de Trabajo puede imponer a las empresas por incumplimientos de la normativa laboral. Se endurece la tipificación de diversos incumplimientos, de manera que el incumplimiento del deber de información sobre las condiciones esenciales del contrato pasa de leve a grave. También se tipifican expresamente como graves los incumplimientos de las obligaciones relativas al registro retributivo, la información a las personas candidatas en procesos de selección y la comunicación de datos a la Comisión de seguimiento de la transparencia retributiva.
Se mantiene la calificación de muy grave para las conductas discriminatorias, entre las que se incluyen expresamente las represalias por reclamar derechos laborales y la solicitud de datos prohibidos por parte de la empresa a las personas candidatas (como su historial salarial).
Otras cuestiones laborales que incluye la nueva norma
- Nuevos límites para el periodo de prueba en la contratación temporal: En los contratos temporales de seis meses o más, se mantiene el máximo de un mes. No obstante, en los contratos de duración inferior a seis meses, se regula la reducción del periodo de prueba en la misma proporción. Para poder establecer una duración superior, será necesario que el convenio colectivo aplicable lo regule expresamente.
- Horas complementarias: En caso de cancelación empresarial de horas complementarias pactadas, la persona trabajadora mantiene el derecho a cobrarlas. El incumplimiento del preaviso por parte de la empresa permite a la persona trabajadora rechazar su realización.
- Ofertas de empleo y procesos de selección de personal: Las ofertas de trabajo deben indicar la retribución inicial y el convenio aplicable. Es necesario adaptar las entrevistas y los cuestionarios: queda prohibida la pregunta sobre los salarios actuales o anteriores de las personas candidatas. Los anuncios de empleo deben ser neutros en cuanto al género y accesibles. Estas obligaciones también afectan a los intermediarios y a los procesos de selección automatizados.
- Protección de la pluriocupación: Se refuerza la libertad de las personas para trabajar para otras empresas. La empresa solo puede exigir dedicación exclusiva por causas objetivas o mediante un pacto en el que se compense la plena dedicación.
- Se regula la garantía de indemnidad: Se incorpora al Estatuto de los Trabajadores la denominada garantía de indemnidad, hasta ahora reconocida por la jurisprudencia, que protege a las personas trabajadoras frente a represalias o tratos desfavorables por ejercer o reclamar sus derechos laborales.


