Prórroga de las medidas laborales por la crisis en Oriente Medio
7 julio 2026 · VILAR RIBA
En marzo le informábamos de las medidas laborales aprobadas a raíz del Real Decreto-ley 7/2026, en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Ahora, con la publicación del Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2026), el Gobierno ha decidido prorrogarlas. Las dos medidas laborales que ya detallamos se mantienen vigentes, con los plazos actualizados.
Limitación de los despidos (Artículo 31)
- Las empresas beneficiarias de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 18/2026 no pueden efectuar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) ni por fuerza mayor derivadas de la situación que motiva estas medidas hasta el 30 de septiembre de 2026.
- Esta limitación también se aplica a los contratos fijos-discontinuos, por lo que estas causas no pueden justificar la falta de llamamiento ni la finalización del período de actividad.
- En el caso de las cooperativas, tampoco pueden adoptarse acuerdos que impliquen una reducción definitiva de los puestos de trabajo o una modificación de la proporción de las calificaciones cuando estas decisiones se fundamenten en las mismas causas.
- El incumplimiento de estas obligaciones comporta el reintegro de las ayudas percibidas y la nulidad del despido, de acuerdo con lo que prevé la norma.
Planes de movilidad sostenible (Artículo 32)
- Se mantiene la obligación de disponer de un plan de movilidad sostenible en el trabajo antes del mes de diciembre de 2026, para todos los centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o más de 100 por turno, de acuerdo con la normativa vigente.
- En el caso del resto de entidades del sector público, esta obligación también será exigible cuando así lo establezca la administración competente en materia de transporte y movilidad.
- Las empresas y entidades beneficiarias de las ayudas que incumplan esta obligación tendrán que reintegrar las ayudas percibidas, en los términos previstos en la normativa aplicable.


